El big data genera muchos interrogantes sobre privacidad y derecho al olvido, seguridad y conservación de datos, propiedad intelectual, garantías de los sistemas de computación en la nube o usos delictivos, entre otros. Y por eso en Occentus nos preocupamos también de estos aspectos legales, sobre todo los que tienen que ver con nuestra especialización, los entornos cloud computing. Para tratarlo, vamos a recoger el debate generado en el congreso internacional ‘Big Data: Retos y Oportunidades’, organizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y que se ha centrado en torno a los pros y contras legales de este fenómeno tecnológico en el que se incluye el cloud computing. Las conclusiones han sido claras: los expertos piden más control y transparencia sobre el uso masivo de datos por parte de gobiernos y multinacionales.
El crecimiento exponencial de almacenamiento y análisis de datos digitales es imparable, de eso ya no cabe ninguna duda. Pero, ¿qué efectos tiene sobre la sociedad? Ante los problemas que puede generar en el ámbito jurídico, Ramon Miralles, coordinador de Auditoría y Seguridad de la Información de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, ha alertado de cómo “los gobiernos y las grandes corporaciones, que tienen esa gran cantidad de datos pueden llegar a inducirnos a comportamientos artificiales. El big data puede ser la semilla de ese tipo de comportamientos. Toda esta información y posibilidades están en manos de unos pocos y tenemos que ver cómo controlarlos”. Ante esto, pidió reforzar la ley y la transparencia.
Por su parte, Mireille Hildebrandt, jurista y profesora de Entornos Inteligentes, Protección de Datos y el Estado de Derecho en el Institute of Computing and Information Sciences a la Radboud University Nijmegen, ha destacado que ‘el Santo Grial del big data’ son los datos inferidos, los que no son dados voluntariamente. “Para estos datos habría que requerir una protección legal diferenciada porque pueden tener un gran impacto en las personas. No me preocupa que una fotografía en Facebook pueda ser vista por mucha gente, sino que cada movimiento que hacemos en esa red social quede registrado”, advirtió.
Otro experto que pidió transparencia fue Julián Valero, coordinador del Grupo de Investigación, Innovación, Derecho y Tecnología de la Universidad de Murcia, que se centró en el uso de la gran cantidad de datos por parte de los organismos públicos. “Actualmente la Administración dispone de un mayor volumen de información, cuyas muchas aplicaciones de la información son positivas, pero hay que estar alerta de las tentaciones restrictivas que la Administración puede tener sobre los derechos de los ciudadanos”.
Estudio de delitos
John Vervaele, director del comité científico de la Asociación Internacional de Derecho Penal, ha explicado cómo algunos conceptos básicos de la justicia penal han quedado superados por el cambio de paradigma digital. “Cada vez hay más investigaciones criminales proactivas para evitar que se cometan delitos. Y esto es ajeno a la justicia penal clásica y esto es completamente nuevo”. Vervaele ha añadido que el big data cobra mucha importancia a la hora de investigar delitos, puesto que “el desarrollo y acumulación de datos es tan importante como la investigación misma”.
Por su parte, Ivan Salvadori, investigador de la Universidad de Verona y experto en legislación cloud computing, ha citado algunas amenazas en torno a este creciente fenómeno como son el acceso ilícito o el robo de datos y de identidad. Según Salvadori, la Comisión Europea trabaja para modificar la legislación sobre la protección de los datos en la nube con una propuesta de directiva que tiene que permitir armonizar la legislación comunitaria en materia de privacidad
Sin embargo, no todas las leyes son adecuadas a la revolución tecnológica que permite esta acumulación de datos. Alfonso Ortega, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha admitido que “gracias a internet todo se convierte en más internacional”, pero advirtió de los problemas legales que provocan las diferentes jurisdicciones a que se acogen empresas como Twitter o Facebook, en función de donde estén establecidas: “Desde la óptica del Derecho Internacional Privado, los usuarios de las redes sociales no están protegidos porque se tiene que litigar con tribunales extranjeros y con leyes que no son las nuestras”.